El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve a favor de Google y dictamina que el buscador no tiene obligación de borrar ningún contenido a petición de un usuario
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión, Niilo Jääskinen, ha publicado el dictamen de Bruselas sobre el litigio que mantiene Google con la Agencia Española de Protección de Datos y da la razón al buscador al considerar que no tiene responsabilidad sobre los datos personales incluidos en las páginas web que indexa.
Aunque se trata de una decisión sin carácter vinculante, es bien sabido que los jueces siguen estas directrices en la mayor parte de los casos, así que el dictamen resulta significativo. La sentencia final llegará dentro de unos días.
Recordemos que el litigio se originó en 2010, cuando la Agencia Española de Protección de Datos exigió a Google que retirase de los resultados de sus búsquedas los vínculos a un anuncio publicado en la prensa sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.
El ciudadano en cuestión defiende que ese embargo ya fue solucionado hace varios años y su vinculo con esas deudas carecen de relevancia actualmente, por lo que no quiere que aparezca ese dato al buscar su nombre en Google.
El buscador se negó, alegando que la eliminación o corrección corresponde exclusivamente a la fuente original de la información, si realmente se considera que es incorrecta, y cualquier injerencia por parte de Google constituiría un ataque a la libertad de expresión.
El proceso llegó hasta la Audiencia Nacional, que elevó varias preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre ellas, si el afectado tiene derecho al olvido e impedir a los buscadores que indexen información referida a su persona en Internet, respaldándose en su voluntad de que no sea conocida por el resto de internautas si considera que esa información pueda perjudicarle o quiera que se olvide, independientemente de que se trate de una información publicada legalmente.
Finalmente, el abogado general considera que una decisión subjetiva por sí sola no es igual a una razón legítima y, por lo tanto, el ciudadano afectado no tiene derecho a poner fin a la difusión de datos personales que considera contrarios a sus intereses.
Fuente:PCActual
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